El alcalde electo de Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, solicitó un amparo ante un juez federal, para evitar ser detenido por elementos de la policía ministerial, ante la existencia de una orden de aprehensión o presentación ante la autoridad encargada de procurar justicia.

El pasado 10 de junio, el alcalde electo de Poza Rica remitió un escrito a juzgadores federales en el que les pide ampararlo ante la posibilidad de "peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o desaparición forzada” de parte de autoridades del Estado.

El juez determinó que la petición del emecista derivar en actos como: "orden de búsqueda, localización, presentación, detención y aprehensión” de parte de la autoridad competente, por lo que le otorgó una suspensión provisional y se le pidió el pago de garantía de mil pesos.

El alcalde electo se ampara contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz y otras autoridades.

El juez programó la audiencia incidental para el próximo martes 17 de junio y el 4 de agosto del 2025 se realizará la audiencia constitucional, antes de esa fecha la FGE deberá rendir un informe si existe una carpeta de investigación contra el alcalde electo y qué la motivó.



“Deberán rendir dentro del plazo de 15 y adjuntar las constancias necesarias que lo apoyen; se les apercibe que de no rendirlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario y se les impondrá una multa 115 a 2995 Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo”.

El emecista pidió la suspensión definitiva, pero el juzgado le concedió la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso no sea obligado a presentarse o comparecer contra su voluntad con motivo de la orden de búsqueda, localización, presentación y detención que reclama y quede a disposición de este Juzgado por lo que hace a su libertad personal y a la de la autoridad que lo requiera, para la continuación de la investigación, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

También se establece que el político deberá comparecer voluntariamente ante el Juez responsable que haya girado la orden de aprehensión que combate, las veces que sea requerido, para la práctica de las diligencias que correspondan respecto de la continuación del procedimiento que se instruya en su contra, lo que en su oportunidad deberán acreditar ante este Juzgado.

“Con el apercibimiento que de no cumplir con la obligación fijada en el párrafo que antecede dejará de surtir efectos la suspensión concedida” dice el acuerdo publicado en estrados electrónicos.