Una sociedad harta de una larga cadena de impunidades reclama con fuerza el esclarecimiento definitivo de la desaparición forzada hace diez años de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La naturaleza brutal de ese crimen y la manera igualmente siniestra y absurda con que se trató entonces de dar por cerrado el caso son otras tantas razones que justifican el esfuerzo por generar ya un nuevo régimen.
Es frecuente que se equipare al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la Cuarta Transformación (4T) del régimen político del México independiente. AMLO y 4T han sido tomados como sinónimos. Sin embargo, con el fin del sexenio, el retiro total de AMLO y el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum la 4T también tiene que modificar su identidad: de equipararse con un período presidencial y un líder debe ahora transitar a reconocerse como el inicio de un régimen nuevo. Aquí conviene aclarar el concepto: el régimen no es sólo el gobierno sino el conjunto de instituciones y actores tanto formales como fácticos cuyas relaciones y valores determinan cómo y en beneficio de quién se lleva al cabo la distribución de los bienes materiales y simbólicos dentro del conjunto social.

Un propósito central del proyecto anunciado por AMLO como parte de su empeño por alcanzar la presidencia fue justamente el poner fin al régimen vigente desde inicios del siglo pasado y muy identificado con los intereses de una oligarquía formada y crecida a su sombra. Ese régimen surgido de una rebelión popular en 1910 inspirada por la simple pero poderosa bandera maderista del “Sufragio efectivo, no reelección” se convirtió en revolución social porque hizo suyas las demandas del agrarismo zapatista, del nacionalismo carrancista y del sindicalismo de un naciente movimiento obrero. El sexenio cardenista combinó esos tres elementos y los convirtió en el corazón ideológico del entonces nuevo régimen.