Durante estos días aciagos, mientras algunos se hacían ilusiones de que el bastión de la resistencia resultaría inexpugnable y que los 43 senadores de la pretendida oposición se mantendrían firmes, unidos en la convicción de que la mayoría abusiva de Morena y sus comparsas imponían al país un disparate con la caprichosa reforma judicial, estuve editando un estupendo libro de Mauricio Merino. En él explica, de manera llana, cuáles son los mecanismos institucionales de la corrupción en México. El volumen se publicará en breve en una colección que Antonio Reina me ha invitado a dirigir para editorial Terracota, que hemos bautizado Eutopía, una palabra que conocí a través de Jaques Barzun. En su libro sobre la historia cultural desde 1500 hasta 2000, Del amanecer a la decadencia, el historiador francés sostiene que, en lugar de llamar “utopías” a los libros que imaginan formas ideales de convivencia social —utopía significa no lugar, según Tomás Moro— deberíamos denominarlos eutopías, es decir, “mejores lugares imaginados”.
Todo esto viene a cuento porque el punto central del libro de Mauricio es que el orden político y social en México ha estado históricamente articulado por la corrupción institucionalizada. La tolerancia sistémica hacia la corrupción ha sido un mecanismo para mantener la disciplina política durante el régimen autoritario. Todo el mundo podía aprovecharse, en mayor o menor medida, del uso patrimonial de las prerrogativas otorgadas por los cargos públicos y de los recursos fiscales, según sus convicciones y oportunidades.

El régimen de la transición tuvo atisbos de eutopía: se avanzó en transformar el sistema de incentivos de la función pública. Sin embargo, durante el breve espacio democrático —la única época en la que México no ha sido gobernado por una autocracia, y que ni siquiera duró tres décadas— el sistema de botín persistió en la mayoría de las estructuras estatales. Así, el objetivo de ganar elecciones no fue impulsar proyectos viables de gobierno, sino capturar los puestos públicos y las parcelas de rentas para repartirlas entre parientes, cuates, socios y cómplices. Cada parcela capturada debía producir dividendos personales. Después de todo, ¿para qué se hace política, si no es para medrar?
Durante los últimos 30 años se introdujeron reformas importantes para contener el sistema de botín y ampliar la esfera de lo público, blindándola contra la captura facciosa: transparencia, acceso a la información como patrimonio ciudadano, y la creación de órganos autónomos con funcionarios seleccionados por sus aptitudes técnicas. Estos órganos eran encabezados por cuerpos colegiados, en los que la deliberación y construcción de coaliciones era indispensable para llegar a acuerdos sobre temas polémicos. Se profesionalizó el Poder Judicial Federal, se transformó la Suprema Corte en un tribunal constitucional. También se crearon instituciones como el Consejo de la Judicatura Federal, organismos autónomos para la regulación de la competencia económica, la evaluación del sistema educativo, y la supervisión del mercado energético y las telecomunicaciones.