El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, instalará el primer muro de boyas flotantes de 27 kilómetros en el sur de Texas, informó ayer el diario Washington Examiner, en momentos en que un juez federal dictaminó que la actual administración pudo incurrir en desacato al ignorar deliberadamente su prohibición de deportar a indocumentados bajo una ley de 1798.

Las boyas son un excelente concepto, declaró el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, al medio estadunidense.

Agregó que la patrulla fronteriza ya estudiaba el despliegue de boyas al final de la primera administración de Trump, pero no se pudo realizar.

El gobernador Abbott las desplegó poco después y demostró su gran eficacia. Las barreras fronterizas, como los muros y las boyas, funcionan. Los datos lo demuestran, subrayó Homan.

Se espera que la instalación de las boyas se realice la próxima semana en el río Bravo, que históricamente ha sido la zona más utilizada para cruces irregulares, informaron al medio estadunidense cuatro funcionarios que pidieron el anonimato.

En tanto, el juez federal James Boasberg dijo que encontró causa probable para declarar a la administración Trump en desacato criminal por violar sus órdenes de hacer volver a aviones que transportaban a un grupo de deportados a una prisión en El Salvador, y advirtió que podría remitir a juicio el asunto.

Tras la decisión, el magnate aseguró que los jueces están totalmente fuera de control. ¡Parecen odiar tanto a Trump que todo vale!, y afirmó que su administración impugnará el fallo.

En tanto, el gobierno de Nayib Bukele rechazó el pedido del senador demócrata estadunidense Chris Van Hollen de liberar al migrante salvadoreño deportado por error para que vuelva a Estados Unidos, como exigen los tribunales.

En el caso particular de Kilmar Ábrego García, de 29 años, uno de los 261 expulsados de Estados Unidos a El Salvador el 15 de marzo, el gobierno estadunidense afirmó que no está en sus manos hacerlo volver.

El senador Van Hollen llegó a El Salvador para buscar la liberación de Ábrego García, y aseguró que a pesar de los dictámenes de la justicia estadunidense que respalda la Corte Suprema, la respuesta del vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, fue que la administración Trump le está pagando al gobierno de El Salvador para mantenerlo en el Cecot.

Además, Ulloa negó al legislador autorización para visitar o llamar por teléfono al detenido.

Van Hollen instó al presidente Bukele a que haga lo correcto y permita que Ábrego García salga de prisión, pues se trata de un hombre sin cargos ni condena, secuestrado en Estados Unidos por un error administrativo, puesto que en 2019 una corte revocó de manera permanente su expulsión a El Salvador.

Homan arremetió contra los demócratas tras la visita de Van Hollen a El Salvador y aseguró que Ábrego no fue secuestrado y reafirmó las infundadas acusaciones sobre su relación con la banda criminal MS-13; nos deshicimos de una persona peligrosa, aseveró.