Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se quejó del desbloqueo de las cuentas de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, desde hace dos semanas un Juez federal las aseguró por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y ellos no pueden disponer de sus recursos.
La orden de aseguramiento también fue impuesta a las cuentas de las empresas Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. (SPICSA), Comcelint S.A. de C.V. y Rancel S.A. de C.V., implicadas en la misma investigación.

Los activos financieros permanecerán inmovilizados por la solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), por el tiempo en que dure el procedimiento penal contra los imputados, quienes están prófugos desde el 12 de septiembre de 2021.

De acuerdo con informes federales, el pasado 14 de marzo el Juez de control Enrique Beltrán Santés, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó la inmovilización de los activos financieros por solicitud de Efrén Cerpa Gaxiola, titular de la Fiscalía Antilavado de la Femdo.
fuente msn