Ayer, el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró a través de sus redes sociales que el máximo tribunal del país carece de un marco jurídico para sancionarlo en caso de que proceda la investigación en su contra. Sin embargo, en la Suprema Corte, aseguran que tienen otros datos. Explican que sí se pueden iniciar investigaciones por denuncias anónimas, pues fue, precisamente durante la presidencia de don Arturo, en noviembre del 2020, cuando se reformó un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que ante una queja o denuncia que adviertan indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones. Eso sin contar que el mismo acuerdo reconoce la viabilidad de las quejas o denuncias anónimas. En otras palabras, se otorgó desde entonces a la presidencia de la Judicatura la atribución de ordenar investigaciones cuando de las circunstancias de tiempo, modo y lugar se desprendan indicios de conductas probablemente contrarias a la legalidad o la Constitución. Lo que sí es una realidad es que en la Ley Orgánica de la Corte no hay un marco jurídico para sancionar a un ministro en retiro, habla de responsabilidades y sanciones a faltas “de los ministros”. Así que la batalla legal que se avecina en caso de que se determine que se incurrió en algún ilícito será inédita y de pronóstico reservado, pues en un lado estará el expresidente del máximo tribunal, y del otro, la actual titular del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña.
fuente msn