La denuncia contra del expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, no llega en un buen momento, pues las investigaciones se inician en tiempos electorales y podrían interpretarse como un acto políticamente motivado.
Aún así, esto no es cualquier cosa: es una bomba que cayó en el Consejo de la Judicatura Federal. De entrada porque se basa en 283 testimonios recabados desde 2019, de los cuales 259 corresponden a jueces y magistrados.
En la copia de la denuncia completa, a la que tuve acceso, se puede comprobar que se confirman muchos de los elementos señalados en mi libro “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T”, al mismo tiempo que la investigación se amplía y robustece a partir de nuevos indicios.
En ese trabajo –basado en 80 testimonios–, se describe un mecanismo de corrupción, extorsión y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial Federal y de la Ciudad de México, cuya cabeza habría sido el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien quizás represente uno de los mayores casos de corrupción de este sexenio.
En el libro se apunta también una premisa que esta denuncia viene a fortalecer: que el ministro Zaldívar fue pieza clave del mecanismo schereriano, sin el cual el exconsejero difícilmente podría haber llevado a cabo presuntos negocios ilícitos al amparo del poder judicial.
Se confirma, además, el papel clave que habría tenido el entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar –quien, según la denuncia y mis propios testimonios, se puso al servicio de Scherer y Zaldívar–, para actuar como uno de los principales agentes encargados de ejercer presiones sobre jueces y magistrados.
Más que la presión sobre juzgadores para favorecer la agenda de la 4T (Tren Maya, aeropuerto, Reforma Eléctrica, etc…), cosa que también hacían gobiernos anteriores, lo más escandaloso es que esas presiones también se habrían empleado para llevar a cabo numerosos negocios de los que se habrían beneficiado varios de los denunciados.
A los casos ya narrados en “Traición en Palacio” se suman ahora otros más, como los aparentemente fraguados desde el Instituto de Concursos Mercantiles, comandado por Edgar Bonilla, donde se buscó actuar a favor de una de las partes en litigio en un funcionamiento similar al de la “delincuencia organizada institucionalizada”.
Se menciona, también, cómo desde esta presunta red corrupta y corruptora se intervino directamente para favorecer intereses comerciales específicos como los que estuvieron en juego en el caso Oro Negro, Cruz Azul, Forever 21, Anacar y C&A Mazatlán, entre otras.
Uno de los casos es el del diario El Heraldo, cuyos dueños, se afirma en la denuncia, “son íntimos amigos del exministro y de la presidencia de la República” (probablemente se refiere a Scherer), a quienes les habrían hecho favores en un litigio en el cual un despacho cercano a Alpízar llevaba el asunto. No menos grave, se denuncia que Zaldívar les otorgó “un contrato millonario y a sobreprecio a través de su empresa llamada Automóviles García”.
Hay que tomar esta denuncia en serio. No debe entenderse como algo contra la 4T, como lo intenta hacer aparecer el exministro. Es importante que toda corrupción judicial se investigue, y dentro del equipo de la próxima Presidenta se entienda que la tan necesaria reforma al sistema de justicia no puede contaminarse por el efecto corruptor de un personaje que tantas dudas genera como Arturo Zaldívar.