En medio de la pandemia que vivimos se comprobó que uno de los sectores que no puede parar es el agrícola. Sin la gente que trabaja en esta área, la población mundial, en situaciones como la actual, estaría también en riesgo de morir de hambre, por lo que debemos valorar el esfuerzo y dedicación de los campesinos.

Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, en 1994, los gobiernos mexicanos se fueron olvidando del campo e invirtieron más en otros sectores, como el energético. Desde entonces vemos cómo se beneficiaron empresas y políticos que, aprovechando el apoyo de los que estuvieron en el poder, remataron Pemex.

También el medio ambiente se vio afectado. Con el aval del gobierno se fueron degradando ecosistemas debido a la explotación de las empresas mineras. La contaminación del agua, el desplazamiento de comunidades o el deterioro de la salud de la gente que tarde se enteró de las causas, todas relacionadas con estas compañías, son el resultado de las políticas que enriquecieron solo a unos cuantos.

Hoy estas empresas están paradas. Pemex ha reportado pérdidas millonarias: más de 526 mil millones de pesos en el primer trimestre del año. Por otro lado, el campo debe seguir produciendo, pero la pandemia pone en riesgo a los campesinos porque desde hace años no tienen acceso a hospitales o servicio médico. La alimentación es precaria, lo mismo que el acceso a la educación.

La OMS destaca el importante papel de la agricultura en relación con la salud. Para empezar, la situación sanitaria de la población influye en la demanda de productos agrícolas, y en las comunidades agrícolas diversas enfermedades que padece la población reducen el rendimiento del trabajo, así como los ingresos y la productividad, lo que conlleva a una espiral de deterioro de la salud.

Más de un tercio de la población mundial se dedica a la industria agrícola. La mayoría viven en pobreza. La agenda rural en el mundo no existe como tendría que ser. Según la Organización de las Naciones Unidas, para el 2030 más del 80 por ciento de los habitantes de América Latina y el Caribe (ALC) vivirán en localidades urbanas. La mayor parte de los sistemas agroalimentarios están en el ámbito rural, para dentro de una década, el sector podría caer en una crisis sin retorno.

En la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de la expansión de la cobertura de los programas sociales, la población rural sigue en desventaja en relación con la población urbana. El 32.6 por ciento de la población rural no posee cobertura legal de servicios de salud y solo el 11 por ciento vive en hogares que reciben prestaciones de seguridad social, en comparación con el 9.8 por ciento y el 19 por ciento en áreas urbanas, respectivamente.

En el campo prevalecen las enfermedades crónicas debido, en gran medida, a la falta de una buena alimentación. La desnutrición crónica infantil rural es mayor que en las áreas urbanas en prácticamente todos los países de la región. Asimismo, la prevalencia de la obesidad ha crecido en ALC, aun en lo rural, transformándose en una de las principales causas de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La tenencia, el uso y la administración de la tierra también deben adecuarse para permitir el desarrollo socioeconómico, aumentar los incentivos hacia la inversión productiva y social, reducir los riesgos de la degradación ecológica, mejorar el acceso y el manejo de los recursos naturales, facilitar los procesos de recaudación de impuestos y la generación de condiciones para la protección de las comunidades vulnerables, a través de programas sociales