A fin de que informe sobre el actuar de sus elementos y las acciones tomadas ante la evidente vulneración de los derechos humanos de los periodistas y ciudadanos del municipio de Isla, la diputada María Josefina Gamboa, integrante del Grupo Mixto Acción Nacional Veracruz solicitó la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Igualmente, exhortó a que la Fiscalía General del Estado investigue los posibles abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos adscritos a la SSP en los hechos que se desarrollaron en el marco de diversas manifestaciones ciudadanas.
La diputada recordó que efectivos de la Fuerza Civil agredieron a diversos comunicadores que ese día reportaban los hechos, especialmente a Alberto Carmona Contreras, corresponsal del medio El Piñero de la Cuenca.
???Es público el actuar de los elementos contra el comunicador, mismo que quedó grabado en audio y video y que muestra claramente cómo procede la corporación, aplicando la ley del garrote pese a que el compañero previamente había mostrado su identificación que lo acreditaba como trabajador de la prensa???, destacó.
Gamboa Torales enfatizó que algunas organizaciones, como Artículo 19, documentó las diversas amenazas, incluso de muerte, a los reporteros; igualmente, la privación ilegal de la libertad de otros periodistas.
Dijo que esta situación ya no puede ser tolerada y el Estado no debe evadirla o trata de simularla cuando su deber es protegerlos, además de garantizar el legítimo derecho de los ciudadanos a estar informados, reconociendo que las únicas limitantes para los periodistas, las establece la propia ley, no ???la brutalidad del Estado???.
Recriminó que las diversas vulneraciones de las que son sujetos los periodistas en el desempeño de sus labores ???no están siendo atentidos, al contrario, están siendo revictimizados y criminalizados injustamente???.

La legisladora sentenció que es una obligación moral y legal del estado proteger a los periodistas, aunque en los hechos es la propia autoridad estatal la que los pone en serio riesgo al acusar presuntos nexos con grupos criminales, como lo hizo el Secretario de Gobierno, sin aportar pruebas.
???Afirmación que los revictimiza, que los criminaliza y que expone a cualquier peligro, tal como ocurría con Javier Duarte de Ochoa, quien los vinculaba a un grupo delincuencial, violando además la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todas y todos los ciudadanos???.