La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos ha iniciado una investigación en contra del Juez Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz, Óscar Luis Lozada Hernández, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
Consta en la Carpeta de Investigación FESP/803/2018, iniciada en la Fiscalía Especializada a raíz de la denuncia interpuesta por María Eugenia Valero, que se le instruye el Proceso Penal 96/2016 por el delito de despojo en agravio del Banco Mercantil del Norte (Banorte).
Con fecha 21 de febrero del año 2018 el Juez citado le dictó auto de formal prisión por despojo y, para obtener la libertad, tuvo que depositar una fianza de 15 mil pesos.
Posteriormente promovió una demanda de amparo ante el Juez Quinto de Distrito, radicándose el juicio 295/2018, en contra de la formal prisión, pero poco tiempo después el Juez Federal le negó el amparo.
A partir de la resolución del Juez Federal, el secretario escribiente del juzgado tercero de primera instancia, Fernando Gabriel Junior Suárez, le notificó que debía presentarse en el módulo de El Penalito para que le tomaran la media filiación (ficha signalética), por lo que acudió a cumplir con el mandato del Juez.
La agraviada sostiene que el Juez y su personal instrumentaron acciones de tipo maquiavélico para coaccionarla y obligarla prácticamente a entregar el inmueble de calle Ballena lotes 18 y 20, fraccionamiento Delfines, de Boca del Río, donde actualmente habita con su familia y que es motivo del litigio.
El 13 de septiembre de 2018, argumentando que no había acudido a la ficha signalética, le notificaron que debía cumplir con el trámite y, para el día 20 de septiembre, certificaron que no había presentado la ficha, ordenándose que se le revocara la libertad condicional e hizo efectiva la fianza.
A pesar de que con fecha 1º de octubre de 2018 el Juzgado tenía en su poder la ficha signalética, el día 3 de octubre el Juez de la Causa dictó una orden de reaprehensión.
El 11 de octubre fue detenida otra vez y recluida en el módulo El Penalito, del puerto de Veracruz, donde permaneció 20 días y ahora se le impuso una fianza de 30 mil pesos, pero mientras estuvo presa una secretaria acudió para decirle que no tenía nada en contra de ella y solo querían que entregara de una vez por todas la casa.
Valero aseguró en su denuncia que el propio Juez Lozada Hernández un día se presentó en su vivienda para advertirle que por las buenas desocupara ese inmueble, por lo que considera los funcionarios judiciales han incurrido en los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.