Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2018.-
Durante sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó el dictamen de Informe de Resultados de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, respaldado por 9 minutas firmadas por todas las fuerzas políticas que integran la LXIV legislatura.

Previo a la aprobación del dictamen legislativo, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, destacó el trabajo de diálogo y consenso realizado por los 15 integrantes de dicha Comisión, para la revisión de los informes entregados por el Órgano de Fiscalización Superior el pasado primero de octubre.

En ese sentido, cuestionó la postura incongruente de MORENA al rechazar el dictamen previamente revisado y firmado por sus diputadas Daniela Griego Ceballos, María del Rocío Pérez Pérez y Lourdes García González, vocales de la Comisión de Vigilancia.

El legislador lamentó que la disposición de trabajo fuera contaminada por instrucciones de su coordinador de bancada, que obedeciendo el llamado del Gobernador electo, buscó entorpecer el trabajo de la Comisión Permanente de Vigilancia y trastocar la división de poderes en Veracruz.

Reiteró que la pluralidad de representación que caracteriza a la LXIV legislatura, permitió optimizar la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, por lo que es alarmante que a pocos días de concluir, los integrantes de MORENA tomen posturas basadas en el interés político del Gobernador electo.

De igual forma reconoció los esfuerzos conjuntos para los procesos de fiscalización en Veracruz, así como la labor del Órgano de Fiscalización Superior que llevó a cabo las auditorias y procedimientos fiscales bajo los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y objetividad.

Juan Manuel de Unánue recordó que la fiscalización y rendición de cuentas son elementos necesarios para el fortalecimiento democrático de Veracruz, por lo que las siguientes legislaturas deberán continuar en la vigilancia y promoción de buenas prácticas en el ejercicio público, señalando las inconsistencias que no sean atendidas por los entes fiscalizables y procurando que los recursos públicos se traduzcan en obras, bienes y servicios para el bienestar colectivo.