Un grupo de 85 empresarios del estado de Veracruz interpondrán denuncia en contra de la administración del gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, por la deuda que aseguran asciende a 410 millones de pesos.

Procederán de manera legal a partir del próximo lunes 22 de octubre (2018) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con el presidente de la organización “Empresas SOS”, José de Jesús Castañeda Nevárez, éstas acciones se acordaron por la deuda que aún mantiene el Gobierno del Estado de Veracruz.

Aclaró que si bien las denuncias entrarán de manera individual, se presentarán en un proceso de manea colectiva.

Mencionó que desde que denunciaron esta situación lo único que han recibido del Gobierno Estatal son descalificaciones.

Dijo que la denuncia que presentarán ante la CEDH está integrada de manera individual por los 85 integrantes de SOS, para reclamar el pago de 410 millones de pesos.

“La próxima semana nosotros vamos a estar presentando la demanda. Como siempre dice que nos quiere ver de carne y hueso habrá empresarios tan humildes como a quien le deben 53 mil pesos y que no puede creer que lo califiquen de cómplice y socio o como empresa fantasma”.

En cuanto a la actitud del Gobernador quien no ha querido recibirlos, Castañeda Nevárez, dijo que los tiene bien presentes “porque al menos para descalificarlos los toma en cuenta”.

“Esto es como una forma de justificar su falta de compromiso y su falta de respuesta ante un reclamo, justo legal y documentado que es el caso de todos los adeudos de los proveedores asociados a nuestra asociación civil”.
Insistió que Yunes Linares solamente tiene “cifras alegres y números imaginarios”, este gobierno se puede escudar y que no generaron el problema porque viene de la administración anterior o de un personaje porque es un adeudo institucional y si reconoció los compromisos que se tenían de los adeudos por prestamos tenía que reconocer a los empresarios.

“Yunes mató la economía eso se ve hoy y se respira hoy, mataron la economía no solamente porque no pagaron a los proveedores, sino porque trajeron a prestadores de servicios de otros estados. Fue un acto criminal para los veracruzanos”, concluyó.




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