Enrique Peña Nieto y su gabinete promovieron acciones legales inéditas que buscan ampararlos contra una posible persecución e investigación penal del gobierno de Chihuahua en su contra.

Según una nota de Reforma, el pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia, y más puntualmente el consejero Jurídico Misha Granados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para reclamar las posibles órdenes de aprehensión, arraigo citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.

“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados, según el diario.

Los amparos podrían derivarse de las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien amenazó al gobierno federal por el caso del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien está acusado por peculado de 250 millones de pesos de recursos federales.

Si bien la PGR desistió de este caso, Corral no dejó de hacer declaraciones que anticipaban acciones legales contra Peña Nieto y sus funcionarios.

“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el exgobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, dijo Corral.

“Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”.

De acuerdo con el diario, esta acción legal es inédita de parte de presidentes aún en funciones.



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