Más de 200 organizaciones de Latinoamérica enviaron una carta a los presidentes solicitando que se adhieran al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú), promovido por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL).

El Tratado de Escazú es el primer instrumento vinculante para la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe, herramienta que permitirá un enfoque participativo en formulación de políticas públicas y proyectos relacionados con el medio ambiente.

Los principios enunciados por el acuerdo tienen un enfoque de derechos humanos, ya que también considera la mitigación de los conflictos con comunidades que son directamente afectadas por las decisiones de infraestructura de los distintos gobierno.

De acuerdo con la CEPAL, el tratado busca que más de 33 estados de la región firmen con el objetivo de comprometerse a “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.