Es fácil entender que después de la derrota que sufrió el hijo del gobernador Yunes, es necesario y urgente, que todo lo que está “descompuesto” lo tendrán que componer los funcionarios públicos del actual gabinete.
Nadie es capaz de calcular el monto de lo que se gastó en la campaña de ese joven, pero los suspicaces veracruzanos suponen que fueron unos dos mil millones de pesos, los que ahí se derrocharon. Solo ellos (los Yunes) lo saben con certeza.
Ese dinero no salió de un particular, entonces lo primero que la gente se imagina, es que provino del erario público y ese enorme hueco tendrá que llenarse de alguna forma; la forma más práctica es devolviendo ese dinero, aunque el delito ya se haya cometido.
Con la esperanza de que pudieran mantenerse seis o doce años más, muchos se confiaron y echaron el “chivo a retozar”, pero las cosas no salieron como lo esperaban, entonces hay que recular y buscar la forma de componer esas anomalías.
Las obras públicas ahora van a ser auditadas, para conocer en qué términos se otorgaron esos contratos, como es que se pagaron y que tipo de empresas son las que se beneficiaron, cuantos años de antigüedad tienen y otros detalles técnicos que tienen que cubrir al participar en esos trabajos.
Trasciende que el parque vehicular de algunas dependencias está inservible, entonces a algunos secretarios se les ha hecho fácil rentar unidades para transportarse o para atender a los invitados, algo de eso va a salir, cuando se investigue a fondo que es lo que realmente ha sucedido en estos dos años.
Algunos funcionarios saben que esto no es imaginación de la reportera, sino algo muy real y que les quedan escasos cinco meses para que concluya la presente administración, pero desde el 1 de noviembre, sino es que antes, se iniciará el proceso de entrega-recepción y ahí es cuando van a aparecer algunos errorcillos.
Los empleados que participaron en la campaña del PAN-PRD-MC insisten en que muchos se fueron sin el permiso correspondiente, además recibieron el pago de viáticos como si estuvieran trabajando de manera normal, cuando son recursos humanos que no debieron participar y menos que les pagaran su sueldo y sus viáticos.