El esquema de desvío de recursos públicos mediante la subcontratación con oficinas de gobierno y empresas fantasma cerró la pinza del engaño con la fabricación de expedientes y comprobantes conocidos como “entregables”.

Los “entregables” son un requisito que deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno para recibir el pago correspondiente, pero en el caso de las compañías y asociaciones consideradas fachada o fantasma los expedientes se armaron o fabricaron para simular obras y servicios inexistentes.

Los documentos falsificados son la última pieza del esquema de corrupción que en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) equivale a irregularidades por más de 7 mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto.

El armado de expedientes fue documentado por este medio durante la gestión de Rosario Robles Berlanga en dos secretarías de Estado: Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Aristegui Noticias obtuvo los correos electrónicos en los que Claudia Morones Sánchez, funcionaria de Sedesol y Sedatu, coordinó la entrega de los expedientes para comprobar la entrega de recursos públicos.

Una persona que conoce toda la trama ubicó las oficinas donde se fabricaron los expedientes. Se decidió a dar una entrevista para explicar el esquema y apuntar a los responsables.

Además, un funcionario universitario narró cómo fue citado a una de estas oficinas, la cual funciona como un búnker, donde le entregaron un expediente completo para salvar una auditoría forense.

Ambas fuentes pidieron reservar su identidad, pues aunque se encuentran en diferentes estados del país y tienen diferentes grados de responsabilidad manifestaron que tienen miedo a una reacción violenta de los funcionarios federales involucrados.

La investigación permite concluir que servidores públicos, al mando de Rosario Robles, coordinaron a empresas fantasma desde la contratación, pagos, armado de expedientes y el engaño de los auditores que buscaban pistas sobre las irregularidades detectadas por la ASF.

Estas revelaciones derriban la versión oficial: que las dependencias federales nunca tuvieron contacto con las firmas subcontratadas y que no hubo una operación centralizada para desviar dinero de los contribuyentes.

Al presentar la cuenta pública 2017, el actual Auditor Superior, David Colmenares Páramo afirmó que se ya no se permitirán “resultados mediáticos estacionales, que al final se diluyen”. También dijo que se eliminarán “incentivos perversos en nuestras auditorias”.