Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han avanzado en las investigaciones por los asesinatos de 22 reporteros en Veracruz, criticó Norma Trujillo, periodista e integrante del Colectivo Voz Alterna.

"Todos los casos son débiles, la mayoría fueron remitidos a la PGR pero no hay un caso que se haya resuelto", señaló.

En la conmemoración del sexto año del asesinato de Regina Martínez, acusó que siguen sin investigarse los asesinatos vinculados con la actividad de los periodistas, como en el caso de la corresponsal de Proceso, a quien se le vinculó sentimentalmente con pandilleros.

"No hay una respuesta real. La Fiscalía General sigue sin investigar el trabajo de los reporteros, sino que va por otros señalamientos, como Leobardo, de quien antes de pensar en él como periodista se le etiqueta como taquero."

Advirtió que la situación de riesgo e impunidad para la prensa no han cambiado, pues durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares han asesinado a cuatro periodistas, sin que se sepa el avance de los casos.

Comentó que a pocos meses de concluir la administración estatal el balance es la simulación, el engaño, soberbia, exclusión y la creación de grupos que, como camaleones sexenales cambian al color de moda y con las mismas prácticas corruptoras.

"Queremos hacer un reclamo al gobierno del estado porque no ha hecho nada en torno a la alerta temprana de protección a periodistas que firmó el gobierno federal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y en el estado la secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumoto Benítez."

Recordó que en ese documento se obligaban las partes a realizar diagnósticos regionales de los riesgos de comunicadores, así como dar acompañamiento en las demandas ante la Fiscalía General del Estado.

"La perfecta coordinación de incapacidades, omisiones y hasta malas intenciones que tienen los tres niveles del Gobierno, apoyados por los poderes Legislativos y Judicial, han encajado a la medida en los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares: son uno y lo mismo".

Además, consideró que el gobierno sigue poniendo en riesgo a los familiares de periodistas asesinados, como en el caso del asesinado Moisés Sánchez, al dar a conocer que recibirán la reparación del daño económico por parte de los policías detenidos por el caso.

Expuso que ahora los deudos del periodista temen ser víctimas de la delincuencia porque se informó que recibirán una cifra superior a los 300 mil pesos.

"Se habla de que se encarcelan a los policías, pero tampoco está definido que hayan participado. Incluso la familia se ha visto en problemas porque el comunicado irresponsablemente dice que los policías les van a reparar el daño y la gente del pueblo dice que tienen dinero y la familia está en riesgo."

Detalló que hay otros casos como el de Gregorio Jiménez, que aunque por cuyo homicidio hay detenidos, estos están promoviendo amparos por una supuesta violación al debido proceso.

Mencionó también el de Leobardo Vázquez Atzin, a quien las autoridades tildaron de taquero y ni la Fiscalía de Veracruz ni la de Oaxaca han querido investigar, "lo levantaron en su tierra y su cuerpo fue encontrado en Oaxaca y ninguna de las fiscalías se han hecho cargo".

Cuestionada sobre el trabajo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), reprochó que no se haya dado seguimiento a la revisión de las carpetas de investigación por los asesinatos, y que en cambio se entreguen apoyos sociales a los periodistas.



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