No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Los que están preocupados porque se les acabará el fuero son los diputados federales veracruzanos que una vez sin fuero podría ser sujetos de la acción penal, tanto de la justicia federal como de la propia FGE.

Aquí nombraremos a esos legisladores a los que podríamos ver en la cárcel en unos meses. Haga sus apuestas para saber a quien detendrán primero.

Antonio Tarek Abdalá Saad

El mayor desfalco perpetrado por uno de los diputados federales actuales, es el que llevó a cabo Antonio Tarek Abdalá, quien en su momento fue el tesorero de Javier Duarte de Ochoa; 23 mil millones 156 mil pesos desviados.

Está acusado, no solo por la FGE, sino también por la Procuraduría General de la República (PGR), de diversos delitos; en el caso de la autoridad local, Tarek está acusado de peculado, tráfico de influencias y uso indebido del servicio público, en cuando menos cuatro carpetas de investigación.

La PGR por su parte, abrió desde 2016 al menos seis expedientes contra el legislador, puesto que mientras fungió como Tesorero, se desviaron recursos millonarios a la red de lavado de dinero encabezada por Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte.

En 2017, dos intentos de la FGE por desaforarlo fracasaron, pues el Congreso de la Unión ni siquiera votó el dictamen que se quedó solamente en comisiones, con el respaldo de la mayoría priísta, argumentando un supuesto amparo que frenaba las acciones de la Fiscalía.

Alberto Silva Ramos

El exvocero de Javier Duarte y uno de sus más cercanos colaboradores, está acusado de haber desviado junto a María Gina Domínguez Colío, más de 4 mil millones de pesos.

Por ello, la autoridad estatal lo acusa de abuso de autoridad, coalición e incumplimiento de un deber legal en agravio del servicio público, por haber destinado montos millonarios a empresas de papel.

Silva Ramos también enfrentó un proceso de desafuero que finalmente quedó en el aire, y será una vez que pierda el beneficio por término de legislatura, o en su caso, si la eliminación del fuero procede antes.

Noemí Guzmán Lagunes

Aunque lo ha negado en reiteradas ocasiones, la legisladora federal tuvo una participación preponderante en el caso del desvío a empresas fachadas a su paso como titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC).

Noemí Zoila Guzmán Lagunes, habría avalado al menos nueve contratos por un monto de hasta 30 millones de pesos a empresas fantasmas, pertenecientes a la red tejida por Duarte.

Edgar Spinoso Carrera

El exfuncionario duartista y actual diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Spinoso Carrera, está implicado en la carpeta por delincuencia organizada que la PGR le sigue a Duarte.

Spinoso fue el responsable de la contratación de Nadia Isabel Arzate Peralta, condenada a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por ser cómplice de Duarte de Ochoa.

Arzate Peralta cobró entre el 1 de febrero de 2011 al 1 de septiembre de 2013, 507 mil 804 pesos, como analista administrativo, puesto cuya contratación es responsabilidad de la Subsecretaría de Finanzas y Administración, que en ese tiempo estaba a cargo de Spinoso Carrera, hoy diputado federal.

Arzate Peralta, supuesta accionista de Consorcio Brades, la empresa favorita de Duarte para lavar dinero, era “legalmente” empleada de Moisés Mansur Cysneiros, principal cómplice del exgobernador, aunque en realidad era propietaria de una fonda, junto a su hermana Elia Arzate Peralta, también condenada.

Sin embargo, de acuerdo con información revelada en la audiencia de vinculación a proceso del exmandatario veracruzano el año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubica a Nadia Isabel como empleada de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La Procuraduría General de la República (PGR), reclama en su acusación que alguien como Arzate Peralta no puede ser accionista de una empresa que compra 150 hectáreas de parcelas a 16 mil por ciento de sobreprecio, erogando 253 millones de pesos, con una percepción de apenas medio millón en casi tres años.

Incluso Nadia Arzate enfrentó una demanda de embargo promovida por el banco HSBC bajo el expediente 1047/2009, radicada en el Juzgado Décimo de lo civil, en la Ciudad de México, quien ordenó el remate de una propiedad suya en Naucalpan, Estado de México, en 676 mil pesos.

Edgar Spinoso por su parte, también está implicado en el desvío de 38.5 millones de pesos en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pues de acuerdo con la PGR, en diciembre de 2012, Spinoso, como Oficial Mayor, autorizó la transferencia a la empresa Solaria Technologies S.A de C.V, otra de las usadas para la triangulación de recursos.

Adolfo Mota Hernández

Mota, diputado federal del PRI, ha negado también investigaciones de parte de las autoridades, pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo indaga.

También está acusado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro del paquete de denuncias que Bravo Contreras archivó, pero que deben ser reabiertas.

Erick Lagos

La Procuraduría General de la República (PGR), anunció en 2016 el inicio de una investigación en contra del exsubsecretario de Gobierno y exsecretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández por el presunto delito de daño patrimonial.

El ahora diputado federal por el distrito de Santiago Tuxtla, Erik Lagos fue parte del gabinete de Javier Duarte de Ochoa, como subsecretario y luego secretario de Gobierno.