El presidente prometió en septiembre liquidar en seis meses el programa de Obama que protege a 700 mil jóvenes indocumentados2 Sin embargo, la lucha de fiscales generales y activistas, y el buen hacer de los jueces, mantienen viva la protección, pero con los interrogantes sobre el futuro abiertos

Todo el mundo recuerda aquella vez que Donald Trump aseguró lo de: “Cuando México envía a su gente (a Estados Unidos), no envía lo mejor. Envía a gente que tiene muchos problemas, y ellos traen esos problemas consigo. Traen drogas. Traen crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buena gente”.

Lo que quizás mucha gente no recuerde fue cuándo dijo eso. Fue justo el día en que empezó todo. El 16 de junio de 2015, ahora hace casi tres años, cuando, Dios mío cómo pasa el tiempo, anunció oficial y formalmente su intención de presentarse a las elecciones de 2016, aún lejanas en aquél entonces.

No lo sabíamos entonces, pero como una suerte de ángel Gabriel demoníaco llegando a Nazaret, Trump descendió por unas escaleras eléctricas para hacer su particular anunciación al mundo: con él en La Casa Blanca, llegarían el racismo y la persecución a los migrantes, especialmente, a los latinos.

¿QUÉ ES EL DACA? Pero antes de proseguir, hagamos un paréntesis: ¿Qué es DACA? La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia la aprobó el expresidente demócrata Barack Obama en junio de 2012 para dar amparo legal a todos aquellos jóvenes, o ya no tan jóvenes, a quienes sus padres llevaron con ellos a Estados Unidos cuando eran niños. Unos jóvenes que, a todas luces, no conocen otra bandera que la de las barras y estrellas.

Eso sí, debían cumplir ciertos requisitos: No podían tener más de 31 años en aquel momento, debían haber llegado a EU antes de cumplir los 16, haber residido ininterrumpidamente en el país en los anteriores cinco años, tener algún tipo de certificado de escolaridad y no haber cometido ningún delito grave o no más de tres leves.

El paraguas de DACA abrigó a cerca de 780 mil jóvenes indocumentados, a los que, por ejemplo, permite conseguir una licencia para manejar, o un permiso de trabajo. Aunque de ningún modo les da un estatus legal en el país, los protege de la deportación. Además, para asegurar esto, Obama previó que los datos de los protegidos por el programa estaban bloqueados para los agentes de migración.

LA TORMENTA. Una encuesta del portal VOX reveló en 2015 que el 78 por ciento de beneficiarios del programa se sentía seguro, sin temor a la expulsión. Pero la victoria electoral de Trump desató de nuevo el miedo. Y tras nueve meses en el Despacho Oval, el 5 de septiembre de 2017 el mandatario republicano lanzó su esperado gran órdago contra todo aquello que no oliera a blanco: El fin de DACA debía llegar.

En aquel momento, 690 mil personas engrosaban las listas de DACA. El 79.4 por ciento de ellos, 548 mil, nacidos en México. Los efectos de la decisión de Trump no eran inmediatos: El presidente daba al Congreso estadunidense seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para alcanzar un acuerdo que creara una ley que diera a los soñadores una cobertura legal alternativa al programa de Obama, que estaba pensado para ser temporal (de ahí lo de acción ‘diferida’).

En caso de no lograrse el acuerdo, los soñadores perderían DACA, y sin ley alternativa, quedarían relegados de nuevo al estatus de migrantes ilegales, y se enfrentarían a la deportación a un país que sólo conocen a través de imágenes y relatos.

LA BATALLA. Aún así, la orden de Trump contenía un asterisco, y es que todos aquellos beneficiarios a quienes el permiso les caducara antes del citado 5 de marzo, podían renovarlo una última vez, por un permiso de otros dos años, y debían presentar dicha solicitud de renovación antes del 5 de octubre.

El anuncio presidencial recibió un aluvión de críticas, pero el diluvio fue más abundante en el campo legal: 15 estados demócratas, liderados por Nueva York y Washington, además de D.C., presentaron una demanda conjunta pocos días después, denunciando que el gobierno federal fallaba a la hora de cumplir su promesa (hecha por la anterior administración) de proteger a los jóvenes indocumentados.

Le siguieron una demanda presentada por la Universidad de California, otra que lideró el fiscal general de California, Xavier Becerra, otra por la Asociación Nacional por el Avance de las Personas de Color y, finalmente, una a cargo de seis soñadores, liderados por una fiscal soñadora, Dulce García. Todo ello, en tres semanas.

LA PRIMERA VICTORIA. Y 2018 empezó con buenas noticias. El 9 de enero, el juez William Alsup, del distrito norte de California, respondía a la demanda presentada por la Universidad de California decretando que Trump estaba obligado a reactivar DACA mientras se decidían en las cortes las demás demandas presentadas contra el decreto presidencial. Alsup consideraba que la decisión del presidente era “arbitraria y caprichosa”, y obligaba al gobierno a tramitar de nuevo las solicitudes para renovar DACA.

Una semana después, Trump decidió recurrir el fallo del juez Alsup directamente al Supremo, saltándose el trámite normal, que era apelar al Circuito de Apelaciones. El objetivo era tratar de forzar al Supremo a dar un fallo rápido y evitar, así, una larga deliberación en Apelaciones, que daría a los soñadores tiempo suficiente para seguir tramitando renovaciones. Además, la apelación correspondía al noveno circuito de California, que ya había fallado contra la administración, por ejemplo, en el caso del veto migratorio, por lo que el gobierno presentía que perdería.

FRACASO. Paralelamente, empezaron a surgir los primeros contactos entre senadores para tratar de articular una ley para no sólo reemplazar DACA sino para dar cobertura legal a los soñadores, incluso, dándoles un camino hacia la ciudadanía estadunidense.

Senadores demócratas y republicanos, autodenominados como “El grupo del sentido común” se acercaron a la meta. Los conservadores cedían en ofrecer un camino para la ciudadanía a casi dos millones de migrantes ilegales y, a cambio, los demócratas accedían a financiar los 25 mil millones de dólares que pedía Trump para el muro con México. Trump no la aceptó porque no eliminaba el programa de reunificación familiar. El 15 de febrero, las esperanzas se derrumbaron.

BOFETADA Y ESPERANZA. La fecha del 5 de marzo acechaba irremediablemente, y con las demandas perdidas en cajones en los diversos juzgados, las esperanzas de una reforma legal se desvanecían. Sin embargo, el Supremo todavía no se había posicionado sobre el recurso de Trump, y los jóvenes soñadores, por el momento, seguían renovando sus permisos con la espada de Damocles sobre sus cabezas.

Y el Supremo movió ficha. A una semana para el 5 de marzo, el lunes 26 de febrero, la máxima corte estadunidense asestó un durísimo golpe al gobierno: decidió que no debatiría sobre el recurso, y que este debe tramitarse donde le correspondía desde el principio: En el Circuito de Apelaciones. Así, el tribunal hacía efectivo el miedo de Trump a que un recurso se alargase durante meses, dejaba sin efecto la fecha límite del 5 de marzo y aseguraba que los ‘soñadores’ pueden seguir renovando sus permisos. Por ahora, a la espera de que los recursos prosigan su curso, DACA respira.



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