Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).

El principal reclamo será que el Congreso de la Unión “no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior”, puntualizó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés.

En conferencia de prensa, el panista detalló que un punto vital a exponer es que el Ejército “en ningún caso podrá participar en alguna acción que tenga que ver con un movimiento social, político, electoral, con ningún tipo de reunión, para que no se caiga en la tentación del uso de las Fuerzas Armadas en algún hecho de esta naturaleza”.

Además, dijo, se reclamará la invasión de competencia entre la Federación y los estados. “Por ejemplo, si debe existir o no una solicitud del Estado, de su Poder Ejecutivo estatal y de su Congreso estatal, o puede darse la intervención sólo con el mandato del Ejecutivo federal”.

Otro aspecto que se impugnará, explicó Marko Cortés, tiene que ver con la reserva de información. “Para nosotros es muy importante que no haya reserva de información, que no sea clasificada. Eso es que estaremos impugnando la necesidad de tener la máxima publicidad”.

Sobre la delimitación de la coordinación con el Ministerio Público, resaltó: “Normalmente el MP pide que sea acompañado por otras fuerzas, y aquí es necesario que quede claro si el MP va a poder pedir el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en determinado caso”.

Finalmente señaló que el recurso que se presentará mañana tiene las firmas suficientes para que la SCJN le dé entrada, es decir, las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, los dirigentes de las fracciones del PAN y el PRD se refirieron al llamado que hizo el precandidato del PRI, José Antonio Meade, para que se nombre a los fiscales General y Anticorrupción, y advirtieron que no lo harán hasta que la Cámara de Diputados y el Senado de la República hayan consensuado con la sociedad civil los perfiles correctos y logren el apoyo de la mayoría calificada.





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