La participación política de las mujeres en México ha aumentado, sin embargo a la par la violencia política de género se incrementó.

La violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política, constituye un importante freno a la paridad e igualdad, pero sobre todo una evidente violación a los derechos civiles, políticos y electorales de las mujeres.

La semana pasada se dio a conocer el caso de la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora por el partido Movimiento Ciudadano, Patricia Azcagorta, quien fue etiquetada como #LadyMovimientoNaranja tras la difusión de un video donde supuestamente baila en ropa interior.

Lo que debería ser un logro profesional para Azcagorta, por su registro a precandidata, se transformó en un acto polémico debido al video y la versión falsa de que antes de adentrarse a la política, hacía trabajos de "stripper".

Además, comenzaron a difundirse contenidos enfocados a resaltar la apariencia física de Patricia Azcagorta, dejando de lado que se perfila para ser parte de las elecciones municipales de Caborca.

Al respecto, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Claudia Trujillo Rincón, emitió un pronunciamiento en el que condena la "violencia política en razón de género" que sufre la aspirante a precandidata, toda vez que ella es juzgada por sus atributos físicos y no por sus competencias y capacidades para asumir el cargo que pretende, algo que no sucede con los hombres, según el comunicado.

"Es inadmisible que sigamos padeciendo de este tipo de violencia en México. Decimos ¡Basta! a ser sexualizadas o cosificadas, y ser violentadas en nuestros derechos humanos".

Mujeres en Movimiento demandó que, apegados a la segunda versión del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el INE y la FEPADE coadyuven a salvaguardar la integridad de todas las mujeres que contienden para un cargo de elección popular.

La participación de las mujeres continua siendo minoritaria, pues de dos mil 461 municipios que hay en México, solo el 14% de ellos está representado por mujeres, es decir 353 mujeres ocupan la presidencia municipal, de acuerdo con datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.

Este tipo de casos en México son innumerables y poco visibles los actos de violencia política por razón de género.

Estos son algunos ejemplos:

En Chiapas, Rosa Pérez Pérez ganó las elecciones el 19 de julio de 2015, como presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista, y el 25 de mayo de 2016, el Congreso del Estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmarla por parte de un grupo de personas de su comunidad inconformes, que a manera de presión secuestraron a dos legisladores y quienes argumentaban que "una mujer no puede gobernar".

Dado el nivel de violencia, Rosa Pérez y su familia tuvieron que desplazarse de manera forzada lejos de su comunidad.

El 17 de agosto de 2016 la Sala Superior del TEPJF resolvió la sentencia SUP-JDC-1654/2016 con la que revocó el decreto del Congreso local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. El Tribunal determinó que "se ejerció una violencia política que incluso amenazaba con peligro de muerte de la manera más brutal, en donde Rosa Pérez tuvo que escapar para evitar que fuera quemada viva en estos arrebatos", por lo que también ordenó al gobernador, Manuel Velasco, generar las condiciones de seguridad para que la presidenta pueda ejercer su cargo con condiciones de seguridad.

Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, quien el 7 de junio de 2015 ganó la presidencia municipal de Cuilapan, Guerrero, por el partido Movimiento Ciudadano, sin embargo en mayo de 2016 tres regidores de su cabildo, encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala, exigieron su renuncia argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones sean fundamentadas.

Desde esa fecha, Felicita Muñiz fue víctima de diversas agresiones: su casa fue baleada y luego allanada; su sala, colchón y un tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población en donde fue quemada también una camioneta del municipio.

Pero el temor de que las mujeres lleguen al poder no es exclusivo de un país sino de una violencia de género producto del sistema patriarcal.

Basta recordar la persecución judicial que hasta la fecha enfrenta la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue acusada desde la supuesta usurpación de su título universitario, hasta por la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fuera encontrado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015.

Otro caso es el de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, a quien el Senado abrió un proceso de destitución el 12 de mayo de 2016 que se concretó el 31 de agosto de 2016, declarándola culpable del "maquillaje de cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso de Brasil".

Otro de los casos a nivel Internacional fue el de Hillary Clinton, excandidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata y a quien Donald Trump advirtió durante su campaña que la investigaría judicialmente y la metería a la cárcel, una vez que fuese elegido presidente de su país.

En todo este tipo de casos, las mujeres que se ven decididas a participar de alguna manera en la política tienen que enfrentar campañas de difamación y desprestigio, amenazas, hostigamiento sexual y hasta agresiones físicas y verbales.




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