“O te vas de aquí o vas a terminar de amante de cualquier “narquito” (sic), de prostituta o peor aún, muerta…”, le dijo su tío a Carmen, una joven de 23 años, que residía en Arcelia, Guerrero, hace poco más de un año.

Le dolía separarse de su familia, de sus raíces, pero la situación en Arcelia está “muy caliente”, cada vez más ejecuciones, desaparecidos, hombres recorriendo las veredas en camionetas con intimidantes armas largas. Control total del crimen organizado.

Carmen lo pensó mucho, pero terminó por tomar el consejo de su tío. Estudiaba y no quería un futuro al lado de un sicario o narcotraficante y menos con el miedo de ser secuestrada o “levantada” en cualquier momento.

Aún tiene fresco que en enero del 2016, un grupo del crimen organizado secuestró a 30 personas, 25 en Arcelia y cinco profesores de una secundaria de la comunidad de Santana del Águila, del Municipio de Ajuchitlán del Progreso. Días después fueron liberadas 21 de ellas, a cuatro más las ejecutaron. En el caso de los maestros, sólo cuatro regresaron con vida luego de pagar un rescate de casi un millón de pesos cada uno.

El temor es cotidiano. Sus padres le dieron algo de dinero y con sus pocas pertenencias llegó a la Ciudad de México en busca de empleo y de retomar sus estudios. No es lo más promisorio, pero el futuro no puede ser más sombrío que en su natal Arcelia.

Como Carmen, más de 300 mil personas se vieron forzadas a abandonar sus lugares de origen, en su mayoría por la violencia generalizada en México en los últimos años, según estudios de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH).

“Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos”, detalla el análisis

La lucha entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado en diversas regiones del país, las luchas entre cárteles por las rutas de distribución de droga que han sembrado el terror, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción, impunidad e incluso la colusión de autoridades municipales, estatales y federales con delincuentes que provocan desconfianza, son las principales causa del desplazamiento interno.

Tan sólo entre 2016 y enero de 2017 más de 21 mil personas se vieron obligadas a huir de sus estados de origen, a abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida.

Si bien las causas de desplazamiento pueden ser diversas, en su mayoría se deben a las amenazas por el crimen organizado. Esta situación crece día con día y no hay manera de frenarla.

Sin embargo los desplazados en México son la cara invisible de un éxodo que se produce en al menos 12 de los 32 estados del país, un país donde no hay cifras oficiales de este fenómeno y menos un marco jurídico o una categoría legal que los identifique como tal a fin de obtener el régimen de protección que otorga el derecho internacional.

“Es fundamental que haya un reconocimiento del problema para que se puedan generar políticas públicas y que se creen programas a nivel nacional de atención a la población desplazada. Pero para ello hay que hacer primero un diagnóstico. Que se identifiquen los territorios de salida y de llegada y cuáles son las características y las necesidades que tiene este sector poblacional para que se cree una ley general de desplazamiento en el país”, apunta Brenda Pérez, coordinadora del Área de Desplazamiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH).

SIN LEGISLACIÓN NI CIFRAS OFICIALES. Actualmente, en México no existe un marco normativo general al cual deban apegarse los distintos órdenes de gobierno en atención y protección de las personas internamente desplazadas, por lo cual este organismo considera que se requiere la elaboración de una Ley General sobre el Desplazamiento Forzado Interno que ampare a las víctimas de esta situación.

Senadoras como la priista Diva Gastélum y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, Angélica de la Peña, reconocen la urgencia de contar con una legislación en esta materia y sobre todo con cifras y estadísticas oficiales para enfrentar con éxito esta problemática que se agudiza cada vez más en México.

La priista Diva Gastélum presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a fin de contar con estadísticas confiables sobre el desplazamiento forzado de personas en comunidades serranas, debido al crimen organizado y reconoció que este fenómeno social, deja a las familias totalmente indefensas, pues pierden todo, es decir, su empleo, escuela y su patrimonio.

Sin embargo, se carece de datos claros, como: dónde están, cuántos salieron y cuántas comunidades viven esta situación. De ahí, comentó Gastelum, la necesidad de tener una estadística confiable para saber, primero cuántas comunidades son, cuántas familias han salido, pero sobre todo, a dónde se han ido, qué están haciendo, cómo vamos a lograr el regreso o no regreso de ellos, o cómo va a ser una especie de indemnización que nosotros estuvimos proponiendo anteriormente.

“Se necesita una ley general que atienda esta problemática”, dijo.

En tanto, la perredista Angélica De la Peña Gómez consideró indispensable expedir una ley general que busque atender a los desplazados, contemplar sus necesidades más inmediatas, definir e involucrar a todos los actores y autoridades competentes, monitorear el fenómeno, caracterizar a las víctimas y consultarlas sobre las decisiones a tomar respecto a sus propios procesos y garantizar soluciones duraderas.

Ambas iniciativas se encuentras en comisiones, a la espera de ser dictaminadas.

EL DESPLAZAMIENTO EN MÉXICO. El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las y los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad, describe el estudio “Desplazamiento Interno Forzado en México”, elaborado por la CMDPDH.

Este organismo señala que durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

Agrega que al menos 310 mil 527 personas son desplazadas forzadas desde 2009 y sólo en el último año, se registraron 29 episodios de desplazamientos internos masivos a nivel nacional.

Durante el último año, Michoacán fue el mayor expulsor de población de todo el país. Al menos unas 10 mil personas abandonaron la región de la Tierra caliente en 2016; le siguen Sinaloa, con 4 mil 200 personas; Chihuahua, donde se desplazaron 4 mil 700; y Guerrero, que expulsó a mil 600 y registró el mayor número de desplazamientos en comunidades.

Entre los estados más conflictivos también se encuentran Veracruz, Durango, Tamaulipas y Chiapas, con movilizaciones internas.

En al menos el 25 por ciento de los desplazamientos masivos contabilizados, la población obligada a salir de su territorio era de origen indígena, en su mayoría mujeres. “Madres que se vieron obligadas a huir para proteger su vida y la de los suyos. Este grupo vulnerable suele estar formado además por niños y ancianos”, señala el estudio.




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