En medio de la creciente incertidumbre sobre la solvencia económica de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro informó que ayer inició el pago de los intereses de su deuda soberana y cumplió también con otro pendiente de la petrolera estatal PDVSA.

Venezuela, que atraviesa una profunda crisis de escasez, inflación y recesión, debía cancelar el lunes pasado cerca de 300 millones de dólares en intereses que dilató por más de 30 días y agotó así el período de gracia.

El martes, inversores consultados no habían recibido ninguno de los pagos pendientes por los rendimientos de los bonos globales 2019 y 2024, que suman unos 200 millones de dólares, y tampoco del título de PDVSA al 2027.

“Hemos iniciado de manera franca, clara y correcta el refinanciamiento de nuestra deuda externa. Hoy (martes) iniciamos el pago de los intereses de nuestra deuda externa”, dijo Jorge Rodríguez, ministro de comunicación venezolano, sin precisar detalles.

“La semana pasada PDVSA pagó los intereses de la deuda, y todo esto sin dejar de proteger al pueblo de Venezuela”, agregó en un mensaje televisado.

Pese al anuncio, horas después la agencia Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda soberana de Venezuela a “default restringido” o RD debido a que acreedores de bonos no habían recibido el pago de intereses por esos títulos tras el fin de un periodo de gracia.

Más tarde, la calificadora Standard & Poor’s anunció que rebajó la nota de la deuda de PDVSA a “Default Selectivo” desde “CC” tras no concretarse el pago de intereses.

La preocupación sobre la capacidad de pago de Venezuela va en aumento desde que el equipo financiero del Gobierno de Nicolás Maduro comenzó a retrasar en octubre el abono de cupones de bonos por unos 750 millones de dólares.

Los acreedores de títulos de Venezuela hicieron una primera consulta ante un comité de la asociación del mercado de derivados ISDA el martes, para intentar determinar si el país petrolero cayó en cesación de pagos al demorar la cancelación de los cupones de los dos bonos soberanos.

Otros bonistas pidieron el martes a ISDA que también evalúe el retraso en el pago de intereses como un posible impago. Una decisión de ese comité podría activar el cobro de los seguros contra incumplimiento de crédito (CDS) de la petrolera venezolana.

En tanto, una primera reunión entre el Gobierno y sus acreedores para discutir una reestructuración de la deuda externa del país y de su petrolera concluyó el lunes sin propuestas concretas, ni acuerdos sobre cómo proseguirán las conversaciones que apuntan a renegociar los términos de unos 60 mil millones de dólares en bonos.

El encuentro con casi un centenar de inversores -o sus representantes- promovido por Maduro duró sólo unos 15 minutos, pero el Gobierno dijo que el proceso para renegociar la deuda había sido “auspicioso”.

La asamblea constituyente, un cuerpo plenipotenciario de mayoría oficialista, creado en agosto a pesar de la condena de la oposición y de la comunidad internacional, aprobó un acuerdo “para respaldar y acompañar proceso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana”.

El Gobierno venezolano destacó que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos le complican el acceso al sistema de pago internacional y están trabando las transferencias, que asegura seguirá cumpliendo.

“Somos buenos pagadores”, afirmó el ministro Rodríguez.


Y alista bono navideño
El Gobierno venezolano anunció ayer que liquidará en diciembre más de 3 mil millones de dólares -de acuerdo con la tasa oficial de cambio más alta- en bonificaciones de fin de año a empleados públicos y pensionistas en el marco de un “plan navideño“.

“Se han aprobado 11 billones 565 mil 396 millones 902 mil 200 bolívares para el pago de los dos meses adicionales de aguinaldos de toda la administración pública y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales“, dijo el ministro de Información, Jorge Rodríguez, al canal estatal, al término de un consejo de ministros.

Según la legislación venezolana los empleados públicos deben percibir el pago de dos meses de su salario al final del año por concepto de utilidades, un depósito que, afirmó Rodríguez, ya fue hecho a los millones de trabajadores del Estado, el mayor empleador del país caribeño.

Sin embargo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó pagar dos meses adicionales a los trabajadores públicos y uno más a los pensionistas como respuesta a la crisis económica, que mantiene sumida a la nación petrolera en una hiperinflación y con escasez generalizada.




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