La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer la detención del expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a su citación con la misma magistrada, como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

La juez cursó órdenes de arresto por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.

Según el auto de la magistrada Lamela, Puigdemont alentó un movimiento de “insurrección activa” y promovió “actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña”.

También cree la juez que Puigdemont “planificó, organizó, y financió con fondos públicos la convocatoria y celebración del referéndum” independentista ilegal del 1 de octubre.

El auto destaca que para ello “promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.

Fiscalía belga enterada. La Fiscalía federal belga recibió las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros.

“Confirmo que las hemos recibido. Estamos esperando su traducción y a continuación las estudiaremos”, anunció el portavoz de la Fiscalía Eric Van Der Sijpt.

Una vez que se haga válida la orden de captura el proceso de entrega a España podría demorarse hasta dos meses.

Segunda ofensiva. La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión en Madrid del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, acusados de los mismos delitos, una decisión que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la Justicia.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito “independiente y autónomo”.

“Sin precedente en Europa”. Antes de conocer la orden de captura en su contra Puigdemont aseguró que la entrada en prisión de los miembros de su gabinete representaba “un golpe” contra esos comicios, que se desarrollarán, a su juicio, “en un clima sin precedentes en la Europa del siglo XXI”.

Además, en una entrevista a la televisión pública francófona RTBF, aseguró que está “dispuesto a ser candidato” a las elecciones “incluso desde el extranjero”.

En ese sentido, el vocero de Rajoy recordó que mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el que esté en posesión de sus derechos civiles y políticos y puede concurrir a unos comicios.

“Todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho que van a participar en las elecciones y a mí me parece que esa es una buena noticia, porque son los catalanes los que tienen que juzgar lo que ha pasado todos estos años y el callejón sin salida al que les llevó el Gobierno anterior”, añadió.




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