En el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (Sedema) avaló la construcción del relleno sanitario para la zona metropolitana de Veracruz, en el municipio de Medellín, e incluso certificó su existencia. Pero en el sitio no hay más que un tiradero a cielo abierto que desde 2011 afecta la vida de cinco comunidades de la región y ha representado ingresos de más de 114 millones de pesos para la compañía operadora.

La empresa Procesadora de Residuos Veracruzanos S.A. de C.V. (Prever), dueña de la concesión para el manejo de los residuos sólidos urbanos de los municipios de Boca del Río y Medellín, ha incumplido con el permiso expedido por la Sedema en octubre de 2012, lo que derivó en un daño ambiental irreversible documentado por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Veracruz.

Las dos grandes montañas artificiales que se imponen en la localidad de El Guayabo, ubicada a 35 kilómetros al sur de la zona metropolitana de Veracruz, acumulan la basura generada por más de 400 mil personas y esconden la omisión de dependencias estatales, así como de los funcionarios y ex funcionarios que permitieron su operación al margen de la ley, incluido el gobierno municipal de Boca del Río a cargo de Miguel Ángel Yunes Márquez.

La corrupción que permeó en la administración de Duarte de Ochoa no sólo hizo mella en el sistema de salud pública y en las finanzas del estado, sino que también incentivó la destrucción ambiental que se ha mantenido en el gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes Linares.

La contaminación a gran escala generada por el vertedero ha modificado los hábitos cotidianos de unas 500 personas de la zona, quienes recientemente interpusieron un juicio de amparo por daños ambientales y a la salud. Con este procedimiento, insisten los pobladores de El Guayabo, Los Robles, La Tasajera y el Ejido El Guayabo, se busca que la empresa propiedad los hermanos Julio y Juan Carlos Marquínez Fernández sea investigada, sancionada y obligada a resarcir el impacto ambiental.



Apesta a corrupción

Vivir en la comunidad de El Guayabo implica torturar el sentido del olfato diariamente con un olor a podrido que se intensifica cuando hay viento del norte. También se debe tolerar a las decenas de moscas que se pasean por las casas de la localidad a causa de los calores del verano.

Por si fuera poco, los habitantes de este lugar han sido condenados a una carretera destrozada, con algunos tramos de asfalto e inundada de cráteres que se han formado por el constante paso de los camiones recolectores de basura.

La realidad para los más de 500 pobladores de esta región de Medellín debió ser otra, pero la corrupción echó a perder un proyecto que apostaba por el manejo responsable de las más de 300 toneladas de basura que se generan en Boca del Río y Medellín.

La serie de irregularidades en el relleno sanitario surgió en el gobierno de Javier Duarte desde que la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, entonces dirigida por Víctor Alvarado Martínez, avaló la operación con el documento SEDEMA/Oficina Secretario/2284/2012.

En el legajo de oficios firmado el 17 de octubre de 2012, la Sedema condicionó la autorización ambiental a que Prever cumpliera con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT.

La dependencia encabezada por Alvarado Martínez dio por sentado que Prever contaba en el sitio con oficinas, baños, caseta de vigilancia, caminos de acceso e interiores, taller de maquinaria, área de separación y reciclaje, así como una báscula para pesar los bloques de basura transformada.

Aunado a esto, la empresa operadora se comprometió -en un plazo de 12 meses- a echar a andar una nueva infraestructura, como celdas de disposición final, obras de drenaje para control de escurrimientos pluviales, sistema de control de biogás, sistema para la captación y conducción de lixiviados, lagunas de lixiviados, cerca perimetral y una zona de amortiguamiento.

De esto nada se cumplió y hasta la fecha hay elementos como las oficinas, la báscula, la cerca perimetral, los sistema de biogás y de conducción de lixiviados, entre otros, que no existen.

Pese a no cumplir con lo dispuesto en la NOM-083-SEMARNAT-2003, el 21 de mayo de 2013 la empresa solicitó autorización al Ayuntamiento de Boca del Río para modificar el permiso de concesión de un relleno sanitario seco a uno húmedo. El permiso también pasó por manos de la Sedema y dieron el visto bueno.

En octubre de 2013, el representante de Prever, Julio Marquínez, pidió una prórroga de 12 meses más poder cumplir con las condiciones impuestas. A partir de noviembre de ese año inició el nuevo plazo y, en teoría, para noviembre de 2014 debían tener toda la infraestructura terminada.

Sin embargo, en El Guayabo no hay mas que un tiradero a cielo abierto que contamina aire, agua y subsuelo, y que ha impactado en la vida de un centenar de familias a las que han orillado a cambiar hábitos y tomar en serio el riesgo al que están expuestos.

El basurero está compuesto por dos grandes celdas. Una de ellas ya está cerrada y oculta por cientos de toneladas de tierra. Con las lluvias y el paso de los días, la basura ha ido saliendo a la superficie paulatinamente y la llamada laguna de lixiviados ya se ha desbordado hacia terrenos aledaños.

Uno de los predios contaminados no es parte del proyecto y pertenece a Maricela Campa Aguileta, una señora que ya interpuso una denuncia por las afectaciones a su propiedad. En la superficie, por ejemplo, ha cascadas de lixiviados en su terreno y basura dispersa.

A unos 500 metros de la celda inicial y ya cerrada, se ubica la celda B, la cual está activa y acumula cientos de toneladas de basura diariamente. En el relleno sanitario no hay cerca perimetral ni una zona de amortiguamiento plenamente delimitada.

Tampoco hay sistemas de control de biogás o lixiviados u obras de drenaje para el control de los escurrimientos pluviales.

Muy cerca de allí se observa una nave industrial que, de acuerdo al proyecto original, albergaría la maquinaria que compactaría la basura. Pero en ese sitio no hay mas que una máquina desvencijada, escombros y desechos de tubos, entre otros objetos.

El acceso a la compactadora es apenas una explanada de concreto, con una caseta inconclusa, sin oficinas y con un área que sería para una báscula que nunca se instaló.

Aunque se pensaría que dichas irregularidades fueron detectadas por la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), la institución no ha impuesto multas o iniciado procedimientos en contra de Procesadora de Residuos Veracruzanos S.A. de C.V.

A través de una solicitud de información pública, la PMA informó que emplazaron a la compañía para cumplir “medidas de urgente aplicación”.

Tales medidas no son mas que la instrucción para que construyan la caseta de vigilancia, baños para hombres y mujeres, oficinas, caminos de acceso y vías interiores.

Asimismo, la PMA, dirigida por Ricardo Colorado Alfonso -a quien se buscó para entrevista y no se obtuvo respuesta-, ordenó a Prever la siembra de especies arbóreas de la región en la zona de amortiguamiento, esto en un plazo de 180 días naturales, sin especificar a partir de qué fecha.

Evidente daño ambiental
A diferencia de lo considerado por la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente del gobierno de Yunes Linares, para la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, sí existe daño ambiental.

En el dictamen pericial 17604, realizado por el ingeniero ambiental Julio César Gabriel Sánchez y alojado en la carpeta de investigación 1481/2016, se asentó que hay daños ambientales severos y negativos que causan contaminación de suelo, de agua subterránea y superficial.

“Se puede apreciar que no es un relleno sanitario como lo marcan las normas en la materia, sino un tiradero a cielo abierto que no cumple con la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

“Sí existe daño ambiental (…) se observa en la vegetación y la flora seca por el exceso de presencia de residuos sólidos urbanos y ausencia de manejo especial que se reflejan, en las sustancias que ponen en peligro la salud humana; así como en los lugares donde existe agricultura, ganado y por ende repercute en la economía de la zona”, señala el dictamen de la FGE.

En su visita al lugar, Gabriel Sánchez también documentó el vertimiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos considerados bajo la norma NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y vio cómo los trabajadores del basurero, apoyados con una motobomba, echaban lixiviados fuera de la celda tanto en la superficie como en el subsuelo.



Engañaron a pobladores

Hace 10 años, la comunidad de El Guayabo no era más que un lugar de paso del camino real que comunica las poblaciones de Los Robles y La Candelaria. Esta región sólo se recordaba cuando se hablaba de los vastos plantíos de piña y de las aledañas granjas de pollo.

El más grave de los problemas era el deplorable estado del camino que lleva hasta la carretera federal no. 180 y la falta de dinero para terminar de construir la capilla del pueblo. Así lo recuerda Pedro Grajales Romero, un carpintero de 69 años de edad originario de este lugar.

“Este siempre ha sido un lugar tranquilo, por eso cuando nos hablaron del basurero nos opusimos. No queríamos que nos contaminaran, que nos afectaran”, explica mientras termina de lijar un par de piezas de madera en su taller.

El trabajo de convencimiento de los empresarios interesados en instalar un relleno sanitario en la zona y de los entonces funcionarios municipales estuvo lleno de obstáculos.

El síndico de Medellín en el gobierno 2005-2007, Valentín Platas Aburto, cuenta que el empresario español Francisco Marlasca García y su socio Roberto Rocha Ríos (fundadores de Prever) llevaron a un centenar de habitantes de El Guayabo y Los Robles la ciudad de Puebla, donde ya existía una compactadora importada de Europa que reciclaba cientos de toneladas de basura.

“Los lugareños regresaron muy convencidos de que sería un buen proyecto para la comunidad. Era un proyecto extraordinario porque no sólo era el relleno, sino que había planes para impulsar obras de mejora para la zona y nuevas fuentes de empleo”, recuerda el ex funcionario.

Grajales Romero también se remite a esas promesas: “Cuando vimos de qué se trataba y supimos que no era un basurero común y corriente, apoyamos el proyecto y confiamos en esto. Esa era la narrativa de los empresarios y del gobierno, de que el relleno sanitario representaba beneficio”.

Nada de beneficios ni buena vida. Al contrario, desde que llegó el ‘vecino apestoso’, los nativos de El Guayabo se han acostumbrado a hervir el agua extraída de los pozos artesianos y a cubrirlos ante la desconfianza de la calidad del aire en la zona.

“Lo que sacamos de ahí solo es para lavar cosas y para bañarse, ya no se puede beber, aunque se ponga a hervir, porque nos dimos cuenta que la gente se enfermaba del estómago”, explica Miguel Cruz Hernández, habitante de la localidad.

Las buenas intenciones de los fundadores de Prever se diluyeron conforme avanzaba el proyecto. Para Roberto Rocha Ríos, operador del relleno entre 2008 y 2010, el principal obstáculo fue la corrupción.

“En este país ser empresario es un delito. No puedes prosperar si no corrompes. La idea de Francisco Marlasca y mía era que este relleno fuera de vanguardia y trabajamos para que así fuera. Yo fui el encargado de comprar el terreno de 110 hectáreas donde se ubica ahora. Yo di la cara ante la gente del pueblo y trabajé para que aceptaran tener un proyecto así. Lamentablemente ellos me lo advirtieron: ‘esto va a fracasar, y no por ti, sino porque aquí nada se cumple”, explica el empresario.

El 15 de agosto de 2008, la entonces Coordinación General de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, autorizó la operación del relleno sanitario seco mediante el documento CGMA/453/2008. En este oficio el gobierno estatal se condicionó la vigencia de la autorización siempre y cuando se cumpliera con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece las reglas de operación de los rellenos sanitarios.

La inversión inicial de Marlasca García y Rocha Ríos, estimada en cerca de 20 millones de pesos, no fue suficiente para continuar, por lo que invitaron a nuevos socios para concretar el proyecto. Los hermanos Julio y Juan Carlos Marquínez Fernández, quienes apostaron al relleno sanitario y eventualmente adquirieron la mayor parte de las acciones.




Financiaron campañas

De acuerdo a Roberto Rocha, quien aún ostenta el 18 por ciento de las acciones de la Procesadora de Residuos Veracruzanos, los conflictos internos y en especial con los Marquínez Fernández surgieron cuando estos instruyeron invertir dinero en las campañas políticas de Salvador Manzur Díaz y Marcos Isleño Andrade, candidatos del PRI a las alcaldías de Boca del Río y Medellín, respectivamente.

“Para mí era inconcebible darles dinero para sus campañas. Yo me opuse a cualquier acción de este tipo y eso me generó hostigamientos hasta que lograron que me fuera de Veracruz en 2010. Me quitaron la operación del sitio y trajeron gente nueva. Desde entonces no he visto un solo peso de ganancia por mis acciones, aunque legalmente estoy dentro de la empresa”, precisa Rocha.

Una enfermedad obligó al empresario Francisco Marlasca a retirarse del negocio y con las acciones minoritarias de Roberto Rocha, la idea de establecer una compactadora de basura nunca se cumplió.



Contrato millonario

En 2011, una vez que Salvador Manzur Díaz y Marcos Isleño Andrade asumieron las presidencias municipales de Boca del Río y Medellín apoyados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, se formalizó la relación entre ambos ayuntamientos y Prever.

Desde entonces, los operadores de la compañía poseedora de la concesión han tenido pagos por 114 millones 516 mil 414 pesos, incluida la donación de un terreno en el fraccionamiento Las Palmas, según consta en documentos públicos obtenidos a través del portal de transparencia.

El 11 de julio de 2011, el Ayuntamiento de Boca del Río y Prever celebraron un contrato de prestación de servicios por un monto mensual de un millón 050 mil pesos, más el Impuesto al Valor Agregado del 16 por ciento.

En total, entre julio y diciembre de 2011, el primero en la administración de Manzur Díaz, el gobierno boqueño entregó 7 millones 308 mil pesos por el servicio de disposición de residuos sólidos urbanos.

De esta manera, Boca del Río pagó mensualmente un millón 218 mil pesos durante 2012 y 2013, esto basado en el contrato firmado por el síndico Jesús Manuel Maza Saavedra y el representante de Prever, Julio Marquínez Fernández. En total, en la administración priista de Manzur Díaz y Anselmo Estandía Colom (alcalde suplente), se utilizaron 36 millones 540 mil pesos para cubrir este servicio en territorio de Medellín.

Una vez que inició la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez, el síndico Guillermo Moreno Chazzarini firmó el 3 de enero de 2014 un ajuste en el pago por razones económicas y se estableció un pago mensual de 720 mil pesos, con la condición de incrementar el monto un 5 por ciento cada año, de manera que para 2017 la cifra se ubicó en 833 mil 490 pesos.

Entre enero de 2014 y septiembre de 2017, el gobierno de Yunes Márquez ha depositado 36 millones 739 mil 10 pesos. Al tratarse del municipio que genera más toneladas de basura, Boca del Río ha aportado 73 millones 279 mil 010 pesos en los últimos 6 años.

Mediante una solicitud de información pública (folio 839417) también se buscó conocer el contrato existente entre Prever y el Ayuntamiento de Medellín, pero no se obtuvo respuesta.

Con base en el adeudo reconocido por el gobierno de Medellín a la compañía de 14 millones 295 mil 636 pesos (publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 8 de agosto de 2016), se calculó un pago mensual por los servicios correspondientes de 549 mil 832 pesos.

Cuestionado sobre el tema, el alcalde Luis Gerardo Pérez Pérez, ha señalado que Medellín paga 400 mil pesos mensuales a Prever. Sin embargo, dicha cifra no coincide con el monto reflejado en documentos oficiales y se desconoce si hay intereses generados por la falta de pago.

La opacidad del gobierno medellinense ha impedido conocer con exactitud la cantidad de dinero público utilizado para pagar a Prever. Sin embargo, se puede estimar que durante los gobiernos de Marcos Isleño Andrade, Omar Reyes Cruz y los suplentes Betsabé Ríos Neri y Luis Gerardo Pérez Pérez, este municipio ha derogado 41 millones 237 mil 404 pesos.

Este monto incluye la entrega de un terreno de 10 mil 805 metros cuadrados localizado en el exclusivo fraccionamiento Las Palmas, a cambio de condonar un adeudo de más de 14 millones de pesos acumulado entre enero de 2014 y febrero de 2016.



Botón de muestra

La extensión total del relleno sanitario es de 110 hectáreas, pero apenas cuatro son utilizadas para su operación. Para el presidente de la organización México, Comunicación y Ambiente, Carlos Álvarez Flores, El Guayabo es apenas un ejemplo del desinterés que prevalece en el gobierno estatal por la conservación ambiental.

“En Veracruz es un problema grave y que lo tenemos de norte a sur. Podemos estimar que hay más de 300 tiraderos a cielo abierto, unos gigantes como este y otros más pequeños.

“Los cálculos en términos de impacto ambiental y del daño que hay contra el suelo, agua y aire son difíciles de dimensionar, pero tan solo en extensión podemos afirmar que hay más del mil hectáreas veracruzanas utilizadas como basureros”, sostiene.

Álvarez Flores considera que los temas asociados al medio ambiente y la ecología están soslayados por la agenda política, económica y de seguridad que mantiene el gobierno estatal. Entre julio y septiembre de 2017, el activista ha denunciado ante la PMA a los ayuntamientos de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán e Ignacio de la Llave debido a la operación irregular de los rellenos sanitarios, así como por el incumplimiento de la norma ambiental. Sin embargo ninguna investigación ha avanzado en tales expedientes.

“No les importa. Ahora los problemas que se ven desde el gobierno y que les conviene solucionar son otros y no son para menos. Pero deberían tener un poco de voluntad para trabajar en este tipo de casos donde ha quedado de manifiesto contaminación y un manejo irregular de un sitio llamado relleno sanitario”, apunta.

El alcalde de Medellín, Luis Gerardo Pérez Pérez, ha insistido en que la operación del relleno sanitario se mantiene bajo control. Pero también ha admitido que se trata de un simple tiradero a cielo abierto por el que deben pagar porque así lo exige la concesión por 15 años.

“Ciertamente es un tiradero a cielo abierto (…) Cuando tomé la administración veníamos arrastrando un pasivo muy alto, hicimos una negociación y logramos pagar un 60 por ciento de la deuda. En su momento el nuevo gobierno también deberá dedicar una parte del presupuesto para cubrir el resto.

“De nuestra parte sólo hemos buscado cumplir con el contrato y vigilar con que tengan los permisos y por ese lado los han presentado”, dice el munícipe.

Si bien Prever ha acreditado su operación con todos los permisos y licencias que exige la ley, la obtención de estos documentos no ha quedado clara y ha dado lugar a cuestionamientos.

Estos cuestionamientos no se los han hecho los alcaldes Pérez Pérez de Medellín ni Yunes Márquez de Boca del Río. Tampoco ha habido acciones concretas desde el Congreso del Estado ante la omisión y probables responsabilidades de los exfuncionarios y actuales titulares de la Sedema y PMA.

En tanto esto ocurre, una veintena de pobladores de la región, incluido Pedro Grajales, avanzan por la vía legal para que, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Prever repare los daños y se apegue a la ley en cuestión.

Además han optado por bloquear en un par de ocasiones el acceso principal al basurero. Como respuesta sólo han logrado la reparación parcial de la carretera estatal que comunica a las comunidades de la zona.

“El daño es muy grande y así de grande será nuestra exigencia. Queremos recuperar la vida que teníamos, que no estemos con el miedo de cómo pueden ser afectadas nuestras familias y que el problema se vuelva irremediable”, insiste Grajales Romero.





AVC/Israel Hernández